El presidente dominicano enfatizó que su gobierno seguirá aplicando sus leyes y la Constitución, reiterando su llamado a la acción por parte de la Organización de las Naciones Unidas y otros actores internacionales. "No pueden pedirle a República Dominicana que resuelva el problema haitiano", afirmó Abinader, aludiendo a la larga historia de inestabilidad en Haití y la necesidad de una solución global.

Respecto a la solicitud del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, de suspender las deportaciones debido a la crítica situación en Haití, el mandatario fue tajante al negarse a cambiar el curso de acción de su gobierno. Abinader subrayó la responsabilidad de la comunidad internacional y criticó la demora en actuar para estabilizar Haití.

Además, el presidente descartó la posibilidad de establecer campos de refugiados temporales como medida humanitaria de emergencia, citando razones históricas y de seguridad. Puso en relieve la necesidad de proteger a la población dominicana y mencionó el esfuerzo por asegurar la frontera común de casi 390 kilómetros, incluida la construcción de un muro fronterizo, como parte de las medidas de seguridad nacional.

La decisión de República Dominicana de mantener firmes sus políticas migratorias y de seguridad refleja las complejas dinámicas y desafíos regionales, así como la urgencia de encontrar soluciones sostenibles y colaborativas para la crisis haitiana. El gobierno dominicano hace énfasis en la importancia de la cooperación internacional para abordar la raíz de los problemas que afectan a Haití y, por extensión, a la región del Caribe.

En la continuación de su diálogo con la BBC, el presidente Luis Abinader subrayó la coherencia de las políticas migratorias dominicanas con las prácticas internacionales, al responder a las críticas por la gestión de la crisis migratoria de haitianos en su territorio. Afirmó que su administración simplemente está aplicando la Constitución y las leyes del país, un enfoque compartido por naciones como Bahamas, Jamaica, Estados Unidos y Canadá.

"Simplemente estamos aplicando nuestra ley", insistió Abinader, señalando que República Dominicana ha sido el país que más ha ayudado a los haitianos, especialmente a través de su sistema de salud. El mandatario rechazó cualquier acusación de discriminación racial en la aplicación de las políticas migratorias, subrayando la composición mestiza de la población dominicana y negando la existencia de problemas raciales en el país.

Abinader recalcó que su gobierno está comprometido con tratar de manera igualitaria a cualquier persona que resida ilegalmente en el país, independientemente de su nacionalidad, haciendo énfasis en que la responsabilidad de abordar la crisis haitiana recae en la comunidad internacional. Argumentó que, sin una acción efectiva por parte de estas organizaciones y países, no se puede esperar que República Dominicana asuma una carga desproporcionada en la gestión de la situación en Haití.

La firmeza del presidente en mantener las políticas migratorias actuales refleja la complejidad de los desafíos que enfrenta República Dominicana, ubicada en una isla compartida con un Haití plagado de violencia y desestabilidad. Mientras la comunidad internacional busca soluciones a la crisis, Santo Domingo se enfoca en proteger sus fronteras y asegurar el bienestar de su población, alineando sus acciones con la ley y los principios constitucionales del país.