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VIDEO | Fuerte denuncia: acusan a la OGTIC de beneficiar al ministro Carlos Bonilla con contratos de alquileres falsos

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es señalada por irregularidades que involucran al titular de la cartera de Vivienda fue señalado por las irregularidades.

En un escándalo que ha llamado la atención de la opinión pública, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), bajo la dirección de Bartolomé Pujals, ha sido acusada de otorgar un contrato de alquiler por más de 295 millones de pesos a un local que, sorprendentemente, no existe. Este polémico contrato ha sido adjudicado a una empresa cuyo beneficiario final resulta ser el actual ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla.

La investigación revela que el contrato fue otorgado a Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle, quien, paradójicamente, no era el propietario del local en cuestión. En realidad, el local había sido arrendado por 20 años, con opción a compra, a través del fideicomiso Velero At Punta Cana.

Los detalles del fideicomiso son inquietantes. Según las investigaciones, el título de propiedad del proyecto Velero At Punta Cana está a nombre del Fideicomiso Inmobiliario y Garantía para el Desarrollo de Proyecto Velero At Punta Cana. Lo más alarmante es que en 2019, Carlos Alberto Bonilla Sánchez, actual ministro de la Vivienda, era uno de los gerentes de las empresas fideicomitentes. A pesar de este vínculo, la Oficina Gubernamental no realizó las debidas diligencias para abordar el conflicto de intereses evidente en este caso.

Como si eso no fuera suficiente, se identificaron varios movimientos sospechosos para ajustar los términos del contrato y hacer posible la adjudicación a este fideicomiso. A pesar de que Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle no podía arrendar un local que no le pertenecía, la OGTIC recomendó una carta de consentimiento de los propietarios, que posteriormente fue presentada para "solucionar" esta discrepancia.

Otro aspecto notable del proceso es que en los documentos de referencia se eliminó el término “llave en mano”, que implica que el espacio debería estar listo para su uso. Las evidencias apuntan a que, al momento de adjudicar el contrato, ni siquiera se había iniciado la construcción de la plaza comercial Velero At Punta Cana. Durante una visita del equipo de periodistas al sitio, se descubrió que los locales no estarían listos en el corto plazo y que primero se llevaría a cabo la construcción de un hipermercado, lo que significa que la apertura del local estaría, al menos, varios meses en el futuro.

Coincidentemente, en una comunicación del 14 de octubre de 2024, Jacinto Badui solicitó la renuncia anticipada al contrato OGTIC-CCC-PEEX-2024-001, alegando que el fideicomiso propietario no podría entregar el local a tiempo debido a circunstancias de fuerza mayor. Esta declaración subraya la falta de viabilidad del acuerdo y la inminente realidad de que el local, que debería haber sido un espacio operativo, no existía aún.

El proceso de contratación comenzó en diciembre de 2023, y desde entonces, la falta de trasparencia y las violaciones a la ley han desencadenado un torrente de críticas hacia la OGTIC.

Esta situación no solo plantea serias preguntas sobre el manejo de los fondos públicos, sino que también arroja dudas sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. La ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas y a exigir una gestión pública transparente y responsable. La historia de un contrato de alquiler por un local inexistente no solo es un ejemplo de irregularidades administrativas, sino un reflejo de la impunidad que a menudo predomina en el manejo de los recursos del Estado. Es crucial que se realicen investigaciones exhaustivas y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.

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