El informe, basado en 765 encuestas y 360 entrevistas en profundidad, reveló que los países con mayor percepción de riesgo son Ecuador y Brasil (4,8), seguidos de Chile y México (4,7), mientras que Colombia, Paraguay y Perú (4,6) completan el grupo de mayor alarma. Detrás se ubican Panamá, Bolivia (4,1), Argentina (4,0), República Dominicana (3,8) y El Salvador (3,7).

El documento alerta que el crimen organizado ya no se limita a actividades ilegales tradicionales, sino que opera como una red empresarial transnacional, combinando negocios ilícitos con estructuras legales que le permiten infiltrarse en gobiernos, instituciones públicas y economías locales.

“Hay que pensar en el crimen organizado como empresas multinacionales que buscan poder político y legitimidad económica”, explicó Erich De La Fuente, autor principal del estudio y profesor de Política y Relaciones Internacionales en la FIU.

El experto advirtió que esta expansión ha generado una crisis de legitimidad estatal, en la que los ciudadanos pierden confianza en los gobiernos ante la incapacidad de frenar la violencia y el narcotráfico. Según De La Fuente, los grupos criminales se han adaptado al entorno global “socavando la confianza institucional y operando con estrategias corporativas”.

El estudio también resaltó que la criminalidad y la inseguridad se mantienen como un problema estructural en toda la región, con una puntuación promedio anual de 4,07, clasificada en la categoría de “Alerta”.

En el caso de República Dominicana, el informe menciona que la cooperación internacional y los operativos conjuntos de la DNCD con agencias extranjeras han contribuido a contener parcialmente la expansión de redes criminales transnacionales. No obstante, advierte que la percepción de inseguridad, así como el avance del crimen financiero y del narcotráfico, continúan siendo motivo de seria preocupación.

El documento también menciona que Estados Unidos participa como actor externo en la dinámica regional, tanto en materia de cooperación como de influencia política y económica. Sin embargo, subraya que su papel sigue siendo motivo de debate en torno al alcance real de su aporte y a la efectividad de sus estrategias contra el narcotráfico en territorio latinoamericano.

El informe concluye que combatir el crimen organizado exige atacar sus raíces económicas y sociales, no solo sus efectos visibles. “Hay que aplicar una línea dura contra el narcotráfico, pero también generar empleo y desarrollo. Solo así se evitará que el crimen siga reemplazando al Estado”, advierte.