Economía y Empresas
Inversión en jaque

VIDEO | Construcción dominicana en crisis: la culpa es del Estado

La paralización de obras reflejan la profunda crisis que enfrenta el sector construcción. (Imagen:Chatgpt-IA)

El sector construcción dominicano ha perdido el dinamismo que lo caracterizó durante más de una década, y la pregunta que surge en cada ciclo de desaceleración económica es inevitable: ¿quién tiene la culpa? La realidad indica que no hay un único responsable; la desaceleración responde a decisiones, omisiones y condiciones acumuladas en varios frentes.

Los datos del Banco Central confirman que la construcción, que entre 2016 y 2019 crecía a tasas superiores al siete porciento anual y llegó a rozar el diez porciento en 2022, cerró 2024 con un crecimiento cercano al 0,5 porciento, con trimestres incluso en terreno negativo. Para un sector que aporta entre 12 porciento y 14 porciento del Producto Interno Bruto y genera más de 400,000 empleos, el impacto es significativo. La pregunta central, entonces, no es si existe desaceleración, sino por qué ocurrió y quiénes contribuyeron a ella.

Uno de los principales factores ha sido el incremento sostenido en los costos de construcción. Aunque la inflación internacional se moderó, los precios de los materiales no han regresado a niveles prepandemia. El acero sigue entre 18 porciento y 25 porciento más caro que en 2019, el cemento acumula alzas de 12 porciento a 15 porciento y los insumos importados —como ascensores, sistemas eléctricos, aluminio y vidrio— continúan altamente dolarizados. Muchos proyectos fueron estructurados con presupuestos que hoy ya no existen, lo que ha reducido drásticamente la rentabilidad y frenado la construcción.

Otro factor clave es el costo del dinero. Las tasas hipotecarias, que antes rondaban el siete porciento u ocho porciento, han subido hasta 11 porciento o 13 porciento en muchos casos. Esto afecta tanto al comprador, que pospone decisiones ante cuotas más altas, como al desarrollador, que enfrenta créditos constructores más caros y criterios bancarios más exigentes. La relación es directa: cuando el crédito se encarece, la construcción se enfría.

El Estado también tiene su cuota de responsabilidad, no por regular —lo cual es necesario— sino por hacerlo de manera lenta y desarticulada. Permisos municipales, licencias ambientales, aprobaciones técnicas y conexiones de servicios se han convertido en procesos largos, poco predecibles y, en algunos casos, inconsistentes entre distintas demarcaciones. Cada mes adicional sin iniciar obra implica mayores costos financieros, gastos administrativos y más incertidumbre para el inversionista. No se trata de menos controles, sino de mejores procesos: cuando el tiempo se vuelve enemigo del proyecto, la inversión se detiene.

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