Ni las iglesias progresistas, ni feministas, ni juristas, ni sindicatos, ni estudiantes lograron hacerle mella. Los cacerolazos retumbaban desde las calles y universidades, pero al presidente mafioso todo eso le importó un carajo.

Ni siquiera siguió el ejemplo de otros mandatarios medianamente decentes que frente a la polémica convocan a diálogo, ni llaman a vistas públicas. Él se puso la capa de verdugo y selló su propio fin político.

Este Código Penal es un monumento a la barbarie neoliberal y conservadora. ¿Derechos? ¿Justicia? Solo para los ricos y sus cómplices políticos. Legaliza la desigualdad, convierte al pobre en culpable y protege con impunidad a los corruptos y abusadores.

Deja a las mujeres sin protección real, criminaliza a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, y avala la represión estatal contra todo aquel que ose levantar la voz. ¿Y la justicia restaurativa? Una broma de mal gusto que ni siquiera está en el texto.

La Coordinadora Popular Nacional ya anunció que la paciencia se agotó. Los cacerolazos nocturnos no son amenazas sino el inicio de una rebelión popular que recorrerá barrios, campos, sindicatos y universidades. El pueblo dominicano está listo para ponerle un hasta aquí a esta farsa de gobierno y exigir la derogación de este código de la muerte.