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Tensión con el país vecino

Situación delicada: el conflicto con Haití recrudece y la intervención de la ONU pedida por Abinader se demora

La disputa en la frontera con el país vecino no encuentra solución.

Mientras la violencia de los grupos criminales crece, expandiéndose hacia el centro y el occidente, Haití se hunde en una situación cada vez más crítica, a la vez que espera un auxilio de fuerzas extranjeras que le permita al país caribeño encontrar un ápice de esperanza.

En las últimas semanas, la ruta tres, una de las pocas vías seguras entre Puerto Príncipe, el norte y la frontera, se transformó en parte de las trincheras de las bandas delictivas, debido al conflicto fronterizo con República Dominicana.

En septiembre, el Gobierno de Luis Abinader decidió cerrar el cruce con Haití en respuesta a la construcción de un canal para llevar agua del río Masacre a sus tierras por parte de pobladores del otro lado de la frontera. Este bloqueo resultó paralizante para muchas zonas de Haití, ya que nada salía de Puerto Príncipe, ni entraba por la frontera, por lo que ciudades como Cabo Haitiano, en el norte, que hasta el momento se encontraba a salvo de la violencia, empezaron a sufrir las consecuencias. Esta semana, se reabrió el paso, pero solo para el movimiento de mercancías, no para las personas.

De todas maneras, entre tantas malas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el envío de tropas por un año al país caribeño. De confirmarse, la tarea debería ser liderada por Kenia, aunque le cedió a la presión de Estados Unidos, que llevaba meses buscando un aliado que pueda encargarse de la misión en suelo haitiano, cuyo objetivo se basará en contener y hacer retroceder a las bandas criminales, para permitir que el país convoque elecciones y vuelva a la "normalidad" institucional.

Kenia está dispuesta a mandar 1.000 policías a Haití, cuya fuerza no llega a los 10.000 agentes. De todas maneras, se presentan varios obstáculos, uno es que la ONU asume que el contingente debería alcanzar al menos los 2.000 oficiales. Por otro lado, el costo de la ayuda estaría por encima de los 200 millones de dólares enviados por Estados Unidos.

Esta decisión de Naciones Unidas llega un año después de que el presidente en funciones del país caribeño, Ariel Henry, pidiera ayuda a la comunidad internacional, luego de que se inicie un nuevo ciclo de violencia y caos en la capital y alrededores, en el marco de protestas provocadas por el aumento del precio de las gasolinas. En este contexto, criminales tomaron la terminal del puerto donde se almacena el combustible importado. Mientras tanto, Médicos sin Fronteras detectó un nuevo brote de cólera, años después del último caso.

Violencia sin fin

La violencia estalló de nuevo entre abril y mayo, cuando civiles de distintas partes del país se organizaron contra los las bandas delictivas. Estos grupos de vigilantes adoptaron el nombre de bwa kale, quienes mataron al menos a 300 presuntos criminales, aunque estos "justicieros" se desvanecieron y el crimen prevalece.

El último movimiento de los malhechores fue presentarse ante el pueblo como una opción política sólida frente a Henry. En septiembre, uno de los líderes del hampa de Puerto Príncipe, el expolicía Jimmy Cherizier, anunció una gran coalición de grupos criminales, a la que llamó Vivre Ensemble (vivir juntos), con el objetivo de derrotar a Ariel Henry.

De todas maneras, tal como lo explicó el economista y politólogo haitiano Joseph Harold Pierre, "pasó eso y a los pocos días, las bandas estaban en conflicto otra vez. Enseguida empezaron a pelear y mucha gente en la zona de Croix-des-Bouquets tuvo que dejar sus casas. No se puede esperar nada de ellos, pueden entrar en conflicto por cualquier cosa".

La lucha entre las bandas tuvo como consecuencia que Puerto Príncipe perdiera una de las pocas seguras que comunicaban la ciudad con el norte del país y la frontera con República Dominicana. Los delincuentes tomaron la ruta tres como parte de su campo de batalla e hicieron imposible el tránsito.

"La violencia que se ha visto en la capital está intensificándose de manera parecida en el Artibonito, la región arrocera más importante del país, aterrorizando a las familias (...) La mitad de los 298 secuestros registrados en el país entre mayo y junio ocurrieron en el sur de la región. Estos casos afectan principalmente a civiles que viajan en transporte público. En un solo evento, a 15 mujeres que iban al mercado las secuestraron y violaron", señala un comunicado de Unicef.

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