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Grave acusación

Señalaron a un Ministro por malversar 34 millones en una supuesta remodelación de oficina

ADOCCO acusó al ministro de Energía y Minas de malversación de 34 millones de pesos dominicanos del presupuesto de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para la remodelación de sus oficinas.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) acusó al ministro de Energía y Minas de malversación de 34 millones de pesos dominicanos del presupuesto de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para la remodelación de sus oficinas.

Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, dijo que el delito consiste en darle uso a recursos establecidos para un propósito, como ese caso, que fondos asignados en el presupuesto general de la nación a la CDEEE, habrían sido utilizados por el ministro Antonio Almonte para remodelar su despacho.

"El Ministro lo hizo sin que se haya producido la derogación del artículo 138 de la Ley 125-01, que crea la empresa eléctrica del Estado dominicano, asumiendo que podía disponer del patrimonio, inmuebles y el presupuesto, aprobado para el año 2021", indicó.

Indicó que ADOCCO ha venido denunciando que la comisión liquidadora de la CDEEE ha ejecutado miles de millones de pesos del presupuesto de la empresa consignado en la ley de presupuesto y gasto público en septiembre/diciembre del pasado año.

Asimismo, el correspondiente a enero/noviembre del 2021, sin rendir cuentas en detalles, como establecen las normas de contabilidad gubernamental y administrativas, los cuales deben ser colgados en la sección Transparencia de los portales webs de las instituciones públicas.

“Como se desprende del proceso de licitación CDEEE-CCC-CP-2021-06, bajo la modalidad de comparación de precios donde queda establecido que la remodelación es para el ministerio de Energía y Minas, constituyéndose esa acción en un acto de corrupción", manifestó.

De la Rosa Tiburcio dijo que ello así en virtud de que la CDEEE, hasta tanto el Congreso Nacional no derogue la ley que la crea y disponga qué la entidad estatal será la receptora del patrimonio de esta, ninguna puede hacer uso de ello.

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