El nuevo cuerpo normativo, que ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación, incluye más de 70 nuevos tipos penales, entre ellos figuras como el feminicidio, el sicariato, el genocidio, los delitos de odio y el acoso. También introduce penas más severas para delitos como la corrupción, el tráfico de influencias y los crímenes contra la administración pública.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto fue la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo, lo que generó críticas de organizaciones feministas, defensores de derechos humanos y sectores sociales.

Pese a ello, legisladores que apoyaron la medida argumentaron que el nuevo Código representa un avance importante en la modernización del sistema penal dominicano, que hasta ahora se regía por una legislación de origen francés promulgada en 1884.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó que se trata de “una de las leyes más debatidas y socializadas de la historia reciente”, y subrayó que el país necesitaba contar con un marco penal actualizado que refleje la realidad del siglo XXI.

Por su parte, diversos sectores de la sociedad civil han advertido que, aunque se reconocen avances, seguirán luchando por la despenalización del aborto bajo las causales de peligro para la vida de la madre, violación/incesto e inviabilidad fetal.

Ahora, la decisión final queda en manos del presidente Luis Abinader, quien deberá promulgar u observar la ley en los próximos días.