“El acuerdo es insuficiente porque se trata de un delito penal. Maxy debe ir a la cárcel, no se puede reconocer que se violó la ley y salir libre con un cheque en la mano”, advirtió el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.

Su compañero de bancada, Danilo Díaz, recordó que Montilla nunca fue funcionario ni miembro del PLD, sino un contratista privado, aunque subrayó que eso no lo exime de enfrentar consecuencias judiciales. “Lo que no entendemos es por qué ese privilegio y por qué con él”, planteó.

Desde el oficialismo también hubo críticas. La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, consideró que el pacto “crea un incentivo para delinquir”. En la misma línea, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, alertó sobre la falta de transparencia: “Ese acuerdo es un incentivo para que mañana otros lo intenten por sumas mayores”.

Por su parte, el diputado Charlie Mariotti Jr. enfatizó que la responsabilidad penal no puede ser sustituida por acuerdos económicos. “La institucionalidad y la confianza en el Estado se resquebrajan si quienes admiten corrupción solo devuelven dinero sin enfrentar cárcel”, advirtió.

El acuerdo, impulsado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), forma parte de su estrategia para recuperar recursos desviados en tramas de corrupción. No obstante, la controversia se amplifica dado que los ilícitos ocurrieron durante los gobiernos de Danilo Medina, quien insiste en que desconocía las acciones ilegales de su excuñado.