En un operativo de gran despliegue, la Dirección General de Migración (DGM) intensificó su ofensiva contra la inmigración irregular, con el foco puesto en ciudadanos haitianos. La jornada incluyó más de mil detenciones y deportaciones masivas, bajo el argumento de “resguardar la soberanía nacional” y “garantizar la seguridad ciudadana”.
Según cifras oficiales, 766 personas fueron detenidas por no contar con documentación legal, mientras que otras 300 fueron directamente expulsadas del país, en un proceso que organizaciones humanitarias ya califican como express y sin garantías mínimas. Los puntos con mayor actividad fueron el Gran Santo Domingo (194), la zona Este (199), La Vega (43), Dajabón (79) y Elías Piña (36), entre otros.
El operativo involucró a la Policía Nacional, el Ejército, CESFRONT, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa y otras agencias estatales, en lo que el gobierno presentó como una muestra de “colaboración interinstitucional” para garantizar el “bienestar colectivo”.
Las deportaciones se ejecutaron principalmente por los pasos fronterizos de Elías Piña, Dajabón y Jimaní, tras un proceso de identificación en los centros de detención de la DGM, donde se les tomaron huellas digitales y datos biométricos a los migrantes.
Aunque desde el gobierno insisten en que las medidas buscan preservar la convivencia y el orden, cada vez más voces critican el enfoque punitivo, señalando que se criminaliza la pobreza y se estigmatiza a comunidades enteras. La presión social crece, pero el mensaje oficial es claro: mano dura, sin matices.
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