El texto aprobado establece que la trata de personas será sancionada con penas de 20 a 25 años de cárcel, además de multas que pueden llegar hasta 1.500 salarios mínimos del sector público. Los cómplices recibirán condenas de entre 15 y 20 años.

En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, la ley fija una pena base de 10 a 15 años, pero las penas pueden subir hasta 40 años si se presentan circunstancias agravantes como muerte, tortura, daños permanentes o participación de funcionarios o crimen organizado.

Un punto destacado es que cualquier funcionario público involucrado directa o indirectamente en estas actividades será sancionado con las mismas penas y quedará inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.

Además, el proyecto contempla castigos específicos según la gravedad del delito: entre 30 y 40 años si hay muerte de víctimas, entre 25 y 30 años en casos de tortura o daños graves, y 20 a 25 años si se usan documentos falsos o hay reincidencia.

Con la aprobación en ambas cámaras, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación definitiva.