“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250,000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional. Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según afirmó Amnistía Internacional por medio de una carta abierta dirigida al Presidente y las autoridades, la "drástica" decisión del Gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias como la separación de familias y a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria.

“Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos, contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas. En vez de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”, dijo Ana Piquer.