El conflicto alcanzó una magnitud nacional entre el 18 y el 19 de mayo, afectando seriamente la atención en hospitales y centros sanitarios. Bioanalistas, farmacéuticos, psicólogos, radiólogos y otros profesionales decidieron endurecer las medidas luego de denunciar la falta total de respuestas oficiales y la ausencia de una mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo.

Desde los gremios cuestionaron con dureza el silencio del gobierno dominicano. María de los Santos, presidenta de la Asociación de Psicólogos de la Salud (ASOPSALUD), sostuvo que mantienen “una jornada de paro y protesta pacífica” mientras esperan que el presidente “instruya a los funcionarios del sector salud” para atender demandas históricas.

Entre los principales reclamos aparecen mejoras salariales, pensiones dignas, nombramientos pendientes, reclasificación del personal y el cumplimiento de acuerdos previamente discutidos con las autoridades. Los sindicatos consideran que la gestión de Abinader profundizó el deterioro del sistema sanitario mientras crecen las denuncias por precarización laboral y pérdida de derechos adquiridos.

La protesta también volvió a poner sobre la mesa el desgaste del sistema público de salud dominicano, que enfrenta crecientes dificultades para sostener prestaciones básicas mientras aumenta el malestar entre los trabajadores. Las organizaciones advirtieron que continuarán con el plan de lucha si el Gobierno no ofrece respuestas concretas en el corto plazo.

El conflicto sanitario se suma además a otros focos de tensión social que vienen golpeando a la administración de Abinader, en un contexto marcado por cuestionamientos económicos y crecientes protestas sectoriales. Para los sindicatos, el paro de 48 horas fue apenas una advertencia de un escenario que podría agravarse si el Ejecutivo mantiene la misma postura de indiferencia frente a los reclamos del personal de salud.