Sin embargo, el dato más preocupante no es únicamente el volumen de la deuda, sino su evolución. En 2017, el endeudamiento del SPNF equivalía al 38.9 por ciento del PIB, es decir, casi nueve puntos porcentuales menos que en la actualidad. En términos nominales, la deuda más que se duplicó en menos de una década, pasando de 29,543.7 millones de dólares a los niveles actuales. Esta tendencia confirma que, lejos de revertirse, el ciclo de endeudamiento se ha profundizado.

El Gobierno suele apelar al ratio deuda/PIB como indicador de estabilidad, pero ese enfoque resulta insuficiente para dimensionar el impacto real sobre las finanzas públicas. Un dato más elocuente es el peso que tienen los intereses de la deuda sobre los ingresos del Estado: para 2026, estos pagos absorberán el 26.2 % de los ingresos tributarios. En otras palabras, más de uno de cada cuatro pesos recaudados se destina exclusivamente a cubrir intereses, sin reducir el capital adeudado.

La comparación histórica también deja en evidencia el deterioro. En 2017, los intereses representaban el 21.2 por ciento de los ingresos, lo que marca una tendencia ascendente que limita cada vez más el margen de maniobra del Estado para invertir en políticas públicas, infraestructura o servicios esenciales.

En este contexto, la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal aparece como una herramienta claramente insuficiente. Lejos de actuar como un freno al déficit, el marco normativo no ha impedido que el Gobierno continúe financiando sus desequilibrios mediante deuda, trasladando el costo hacia el futuro.

La administración de Abinader enfrenta así un dilema estructural que hasta ahora ha evitado resolver: sin una reducción efectiva del gasto ni una mejora sustancial en la eficiencia del uso de los recursos públicos, el país seguirá atrapado en un esquema donde el endeudamiento no es una excepción, sino la regla. Y mientras tanto, el peso de esa deuda continúa creciendo sobre las espaldas de la economía dominicana.