Según la acusación, el crimen ocurrió la noche del 26 de marzo de 2024 en el distrito municipal Quita Sueño. Las autoridades lograron demostrar que Hiraldo Peña había planificado el ataque con antelación, evidenciado por compras previas de amoniaco y gasolina que, según la fiscalía, indicaban la intención de agredir a la víctima.

Aunque el plan original habría incluido el uso de sustancias químicas, el asesinato se consumó con alrededor de 40 puñaladas propinadas con un arma blanca.

La investigación también reveló que cámaras de seguridad captaron a la acusada adquiriendo los insumos antes del ataque. El equipo fiscal presentó estas imágenes como parte de su argumentación para acreditar la premeditación del homicidio.

Tras la lectura de la sentencia, los jueces ordenaron que la condenada cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres en la provincia de San Cristóbal, conforme a lo establecido por la ley dominicana.

El caso generó gran impacto en la comunidad local y entre los familiares de la víctima, quienes insistieron durante el proceso en la necesidad de que se hiciera justicia y se aplicara la pena máxima por la brutalidad del crimen.