Auditorías dormidas: Cámara de Cuentas destapa irregularidades millonarias ocultas durante años

Después de años de silencio institucional, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) publicó auditorías con hallazgos críticos que permanecían archivadas desde 2021 y 2022.
Los informes, que comprometen a entidades como los ministerios de Hacienda, Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), revelan manejos irregulares de fondos públicos por más de 2,600 millones de pesos dominicanos.
Las auditorías habían sido concluidas en gestiones anteriores, pero quedaron sin difundir por conflictos entre los antiguos miembros del organismo, durante la presidencia de Janel Ramírez.
Fue recién tras la renovación del pleno, ahora presidido por Emma Polanco Melo, que se aprobó la publicación de los documentos, destacando una nueva etapa de transparencia.
Uno de los casos más graves recae sobre el MICM, donde se detectaron irregularidades por 2,300 millones de pesos entre 2015 y 2019. El informe había sido firmado en 2021 pero no vio la luz hasta mayo de 2025. Se recomendó remitir el caso al Ministerio Público.
En el Ministerio de Hacienda, la auditoría señala anomalías financieras y administrativas por más de 300 millones de pesos entre 2019 y 2020, involucrando a las gestiones de Donald Guerrero y parcialmente la de Jochi Vicente. También se pidió su judicialización.
En tanto, el Inaipi fue auditado por el periodo 2016-2020, y se documentaron violaciones reiteradas a las leyes de compras, control interno y contabilidad gubernamental. La entidad tiene 25 días para presentar un plan de acción y el caso ya fue elevado a las autoridades penales.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, aseguró que este giro institucional busca recuperar la confianza ciudadana con informes elaborados bajo criterios técnicos e independientes. Además, dejó claro que el atraso en la publicación no fue técnico, sino político.
Las instituciones involucradas ya fueron notificadas y el Ministerio Público deberá decidir los pasos a seguir. Este episodio reabre el debate sobre la corrupción y la transparencia en el Estado dominicano.