Sin embargo, el avance legislativo no logró disipar las críticas hacia un proceso que acumula años de anuncios, mesas de diálogo y actos oficiales sin que la población perciba una mejora sustancial en materia de seguridad. De hecho, la aprobación se produjo en medio de cuestionamientos por episodios de uso excesivo de la fuerza y denuncias sobre abusos cometidos por agentes policiales, precisamente uno de los problemas que la reforma prometía corregir desde sus primeras etapas.

La nueva legislación plantea dividir la institución en categorías directivas, intermedias y de patrullaje, además de reforzar la formación académica y el respeto a los derechos ciudadanos. No obstante, para sectores críticos de la gestión de Abinader, el problema de fondo no pasa únicamente por modificar artículos o rediseñar escalafones, sino por la falta de resultados concretos tras varios años de intervención estatal sobre la institución policial.

La reforma policial se convirtió desde 2021 en una de las principales banderas del gobierno dominicano, pero incluso semanas atrás existían dudas sobre si el proyecto lograría avanzar en el Congreso antes del cierre del período legislativo. Para la oposición, el hecho de que una iniciativa presentada como prioritaria haya tardado tanto tiempo en alcanzar esta instancia es una muestra de las dificultades del oficialismo para convertir los anuncios en transformaciones efectivas.

Mientras el gobierno celebra el primer paso parlamentario, buena parte de la ciudadanía continúa esperando algo más tangible que nuevas categorías administrativas y cambios de nomenclatura: una Policía más profesional, menos cuestionada y capaz de devolver la sensación de seguridad a las calles dominicanas, una deuda que para muchos sigue pendiente después de varios años de gestión de Luis Abinader.