Uno de los puntos que mayor controversia generó fue el capítulo referido a las plataformas digitales y las redes sociales. Aunque sus redactores defendían que buscaba actualizar el marco legal para el ecosistema digital, especialistas, periodistas y organizaciones advirtieron que algunas disposiciones podían abrir la puerta a interpretaciones que afectaran la libertad de expresión en internet. Las críticas fueron de tal magnitud que incluso el coordinador de la comisión redactora propuso retirar ese apartado para discutirlo posteriormente mediante una ley específica.

Para la oposición, el desenlace refleja la incapacidad de la administración de Abinader para construir consensos sobre una reforma sensible para la democracia dominicana. Tras años de anuncios, consultas y presentaciones públicas, el proyecto terminó sin tratamiento legislativo, dejando al Gobierno sin una de las iniciativas institucionales que había promovido como respuesta a los cuestionamientos sobre el manejo de la libertad de expresión y el marco regulatorio de los medios.