Aunque el Ejecutivo sostiene que el ajuste forma parte de una estrategia para fortalecer las finanzas públicas frente al complejo escenario internacional, especialistas advierten que el impuesto terminará repercutiendo sobre la economía cotidiana, encareciendo pagos, transferencias y operaciones comerciales que forman parte de la rutina de millones de dominicanos.

En la práctica, cualquier transferencia electrónica realizada a cuentas de terceros, así como los pagos de préstamos, tarjetas de crédito y la emisión de cheques, quedarán alcanzados por la nueva tasa. Si bien existen excepciones —como las transferencias entre cuentas del mismo titular, pagos al Estado, aportes a la seguridad social o retiros de efectivo—, buena parte de las operaciones habituales sí deberá afrontar el incremento tributario.

Para muchos analistas, el problema no radica únicamente en el aumento porcentual, sino en la acumulación de nuevas cargas fiscales que comenzaron a aplicarse tras la aprobación de la Ley 30-26. Además de este impuesto, ya entraron en vigencia otras medidas, como el incremento de la contribución de salida para pasajeros internacionales y nuevas cargas sobre determinadas actividades económicas.

El Gobierno estima que el paquete permitirá recaudar entre 40.000 y 50.000 millones de pesos, recursos que considera necesarios para sostener las cuentas públicas y enfrentar el contexto económico internacional. Sin embargo, desde distintos sectores económicos se cuestiona que buena parte del esfuerzo vuelva a recaer sobre quienes utilizan el sistema financiero para realizar operaciones corrientes, en lugar de avanzar sobre otras alternativas de generación de ingresos.

Las críticas también apuntan al posible efecto que la medida podría tener sobre pequeños comerciantes, emprendedores y profesionales independientes, quienes realizan múltiples transferencias cada mes y ahora deberán asumir un costo adicional por cada operación alcanzada.

Mientras el oficialismo defiende el aumento como una herramienta necesaria para garantizar la estabilidad fiscal y financiar políticas públicas, sus detractores sostienen que el nuevo impuesto refleja una estrategia que termina trasladando el ajuste a los contribuyentes, incrementando el costo de operar dentro del sistema bancario formal y sumando una nueva presión sobre el bolsillo de los ciudadanos.