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Por medio de un decreto

Abinader designó a un nuevo embajador especial para liderar el proceso de adhesión del país a la OCDE

El presidente, Luis Abinader. (Dibujo: NOVA)

El presidente, Luis Abinader, designó mediante el Decreto 438-26 al diplomático Federico Alberto Cuello Camilo como embajador en misión especial para los asuntos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y coordinador general del proceso de adhesión del país al organismo internacional.

La disposición busca fortalecer la conducción de los trabajos vinculados al ingreso de República Dominicana a la OCDE, un proceso que implica la adecuación de normas, políticas públicas e instituciones a los estándares establecidos por esa organización internacional. El decreto también ordena remitir la designación al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y demás organismos competentes para su ejecución.

Cuello Camilo cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y diplomático. Acumula alrededor de 40 años de experiencia en la administración pública, de los cuales 25 años los desempeñó como embajador en destinos como Ginebra, Bruselas, Nueva York, Londres, Doha y Seúl. Además, fue viceministro de Reformas Económicas y Cooperación Internacional, economista del Banco Central y asesor económico en distintas instituciones del Estado.

El funcionario también participó en la transición del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) hacia la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante la década de 1990 y, en los últimos años, venía coordinando el proceso de alineación normativa de República Dominicana con los estándares de la OCDE, además de intervenir en negociaciones de importantes acuerdos comerciales suscritos por el país.

La incorporación de República Dominicana a la OCDE constituye uno de los objetivos de política exterior y modernización institucional impulsados por el Gobierno, en un proceso que requiere la implementación de reformas regulatorias, administrativas y económicas para cumplir con las exigencias del organismo internacional

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