Las modificaciones establecen nuevos esquemas de contribución para las empresas, con aumentos significativos para las compañías de mayores ingresos. Aunque el Gobierno sostiene que los recursos permitirán mejorar la gestión de los residuos y fortalecer la protección ambiental, diversos sectores advierten que la reforma podría traducirse en mayores costos para la actividad económica y, eventualmente, en un aumento de precios para los consumidores.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada fue una de las entidades más críticas con el proceso. La organización denunció el uso reiterado del trámite de urgencia y alertó que las reformas complejas requieren deliberación técnica y consultas amplias, no aprobaciones aceleradas que limitan la participación de los sectores involucrados.

También la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Asociación de Industriales de la Región Norte expresaron su preocupación por la falta de estudios técnicos y de análisis de impacto regulatorio que justifiquen el incremento de las cargas económicas sobre las empresas.

El episodio vuelve a abrir el debate sobre la forma en que la administración de Abinader impulsa reformas de alto impacto económico. Para los críticos, la rapidez con la que se aprobó la iniciativa refleja una tendencia del oficialismo a priorizar la celeridad legislativa por encima de la construcción de consensos y la transparencia institucional.

La polémica además llega en un contexto de creciente malestar social por la situación económica. Encuestas recientes muestran un aumento de la preocupación ciudadana por el costo de vida y un desgaste progresivo en la percepción de la gestión gubernamental, especialmente en temas vinculados a la economía y el poder adquisitivo.

Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para fortalecer el sistema de gestión de residuos y promover un modelo más sostenible, las críticas apuntan a que el procedimiento utilizado y la magnitud de los recursos en juego han sembrado dudas sobre los verdaderos alcances de la iniciativa.

Por ahora, la reforma de la ley de residuos sólidos se ha convertido en un nuevo foco de tensión para el Gobierno dominicano, que enfrenta cuestionamientos por la falta de diálogo y por la velocidad con la que se impulsó una modificación que, para muchos sectores, debió haber sido discutida con mayor profundidad y transparencia.