Los promotores de la campaña sostienen que las medidas impulsadas por la administración de Abinader generan temor entre los migrantes y terminan convirtiéndose en un obstáculo para el acceso a la salud, un derecho reconocido por distintos instrumentos internacionales.

Denuncias por vulneración de derechos

Las organizaciones que impulsan la recolección de firmas advirtieron que los controles migratorios en hospitales pueden desalentar a personas en situación de vulnerabilidad a buscar atención médica por miedo a ser detenidas o deportadas.

Las críticas se han concentrado particularmente en la situación de las mujeres embarazadas y de los menores de edad, sectores que podrían verse especialmente afectados por las restricciones y las verificaciones implementadas en los centros de salud.

Para los defensores de derechos humanos, las políticas del Gobierno dominicano han introducido un componente migratorio en un ámbito que debería estar regido exclusivamente por criterios sanitarios y humanitarios.

"El acceso a la salud no puede estar condicionado por la situación migratoria de una persona", han sostenido distintas organizaciones que se sumaron a la campaña.

Una política cada vez más cuestionada

La gestión de Abinader ha endurecido en los últimos años su política migratoria, especialmente en relación con la población haitiana, argumentando la necesidad de proteger la soberanía nacional y ordenar los flujos migratorios.

Sin embargo, las medidas han generado crecientes cuestionamientos tanto dentro como fuera del país. Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por las consecuencias humanitarias de algunas decisiones adoptadas por las autoridades dominicanas.

La implementación de controles en hospitales se convirtió en uno de los puntos más controvertidos de esa estrategia, al considerar que puede afectar el acceso a servicios esenciales y profundizar la vulnerabilidad de determinados sectores de la población.

Un nuevo frente de conflicto para el Gobierno

La campaña de recolección de firmas abre un nuevo capítulo en el debate sobre la política migratoria del Gobierno y pone de manifiesto el creciente descontento de distintos sectores de la sociedad civil con las medidas impulsadas por la administración de Abinader.

Mientras el Ejecutivo defiende sus acciones como parte de una estrategia de control migratorio y protección de los recursos públicos, las organizaciones impulsoras de la iniciativa sostienen que ninguna política de Estado puede justificar restricciones que comprometan derechos fundamentales.

La controversia también amenaza con aumentar la presión sobre el Gobierno en el plano internacional, en momentos en que las políticas migratorias dominicanas continúan siendo objeto de observación y críticas por parte de distintos organismos y entidades de derechos humanos.

Con la campaña de firmas en marcha, la gestión de Luis Abinader enfrenta ahora un nuevo cuestionamiento a una de las áreas más sensibles de su administración: el tratamiento de la migración y el acceso a derechos básicos para las personas en situación de vulnerabilidad.