La preocupación del gremio vuelve a poner en cuestión una de las reformas más promocionadas por la administración de Abinader, que presentó el nuevo Código Penal como una modernización histórica del sistema judicial dominicano. Sin embargo, desde el sector médico sostienen que el texto aprobado contiene disposiciones que podrían terminar afectando tanto a los profesionales como a los propios pacientes.

Según denunciaron desde el CMD, la tipificación de nuevas figuras vinculadas a la responsabilidad médica abre la puerta a una mayor judicialización de la actividad sanitaria y podría incentivar prácticas defensivas por parte de los profesionales, quienes podrían priorizar la protección legal frente a decisiones clínicas urgentes.

La advertencia no es menor en un país donde el sistema de salud ya enfrenta desafíos estructurales vinculados al acceso, la infraestructura y la disponibilidad de especialistas. Para los médicos, la amenaza de sanciones penales más severas podría desalentar el ejercicio profesional en áreas de alta complejidad y aumentar la presión sobre un sector que arrastra años de reclamos por mejores condiciones laborales.

El conflicto también expone una tensión cada vez más visible entre el Gobierno y distintos actores sociales que cuestionan aspectos centrales de las reformas impulsadas por la administración de Abinader. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de endurecer mecanismos de control y responsabilidad, los sectores afectados denuncian que muchas de las modificaciones avanzaron sin el consenso suficiente y sin contemplar las consecuencias prácticas de su aplicación.

Desde el CMD sostienen que aún existe margen para revisar aspectos de la legislación antes de que entre plenamente en vigor y reclaman una mesa de diálogo que permita corregir disposiciones consideradas problemáticas. La entidad insiste en que el objetivo no es garantizar impunidad frente a casos de mala praxis, sino evitar que el temor a procesos penales termine condicionando el trabajo cotidiano de miles de profesionales.

La controversia llega en un momento particularmente delicado para el Gobierno dominicano. Con una economía que muestra signos de desaceleración en algunos sectores y crecientes demandas sociales por mejoras en servicios públicos esenciales, el enfrentamiento con el colectivo médico amenaza con abrir un nuevo frente de desgaste político para la gestión de Abinader.

Mientras tanto, la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del nuevo marco legal continúa avanzando y las advertencias del sector salud colocan bajo la lupa una reforma que, lejos de generar consenso, sigue acumulando cuestionamientos sobre sus posibles efectos en uno de los servicios más sensibles para la población dominicana.