¿Salud mental o maquillaje político? Abinader lanza un comité penitenciario mientras persisten las deudas estructurales
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó la juramentación del Comité Dominicano de Salud Mental Penitenciaria y anunció la puesta en funcionamiento de tres centros especializados para personas privadas de libertad con trastornos mentales en Azua, La Vega y San Pedro de Macorís. La iniciativa fue presentada por el Gobierno como un nuevo paso dentro de la reforma penitenciaria impulsada por la actual administración.
1000X1000...Del Cielo a la Tierra comparado con el actual desalmado libanés...Complice del narcotrafico,corrupto,evasor de impuestos y traidor a la Patria...Abinader es peor que una letrina maloliente. pic.twitter.com/04wjQC5PVR
— eldestinista (@eldestinista21) June 4, 2026
Sin embargo, detrás de los anuncios oficiales, diversos sectores advierten que la creación de nuevos organismos y comités no alcanza para resolver los problemas estructurales que arrastra el sistema penitenciario dominicano desde hace años. Aunque Abinader destacó que el país se encuentra entre los primeros en desarrollar una estructura integrada para abordar la salud mental en las cárceles, organizaciones y especialistas han señalado históricamente dificultades vinculadas al hacinamiento, las deficientes condiciones sanitarias y las limitaciones en los programas de reinserción social.
Durante el acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario afirmó que la Política Nacional de Salud Mental permitió habilitar 105 camas especializadas en hospitales públicos y anunció la construcción de nuevos centros psicosociales. También sostuvo que la reforma penitenciaria busca transformar las cárceles en espacios de rehabilitación y reintegración social.
No obstante, las críticas apuntan a que el Gobierno continúa privilegiando anuncios institucionales mientras numerosos problemas de fondo siguen sin resolverse. Informes sobre el sistema penitenciario dominicano han señalado de manera reiterada situaciones de sobrepoblación carcelaria, uso excesivo de la prisión preventiva y carencias en infraestructura básica, factores que impactan directamente en la salud mental de los internos y que no se corrigen únicamente con la creación de nuevos organismos consultivos.
La puesta en marcha del comité llega además en un contexto en el que la administración de Abinader enfrenta cuestionamientos por distintas áreas de gestión y por la creciente demanda de resultados concretos en materia de seguridad, justicia y políticas sociales. Para sectores opositores, el lanzamiento de nuevas estructuras burocráticas corre el riesgo de convertirse en una estrategia comunicacional si no viene acompañado de inversiones sostenidas, mejoras en las condiciones de detención y mecanismos efectivos de seguimiento de las políticas públicas.
Mientras el Gobierno celebra la apertura de los nuevos centros especializados, el desafío para la gestión de Abinader será demostrar que la reforma penitenciaria puede trascender los actos protocolares y traducirse en cambios reales dentro de un sistema que continúa enfrentando profundas deficiencias estructurales.








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