República Dominicana atraviesa una preocupante crisis de violencia contra la infancia que volvió a quedar expuesta tras la difusión de un informe internacional que describe un escenario alarmante de maltrato, abusos y torturas contra menores. El caso reciente de una bebé de apenas ocho meses asesinada a golpes y mordidas sacudió al país y reavivó las críticas contra la gestión del presidente Luis Abinader por la falta de respuestas concretas ante una problemática que lleva años profundizándose.

Según datos difundidos por UNICEF y organismos regionales, el 63 por ciento de los niños y niñas dominicanos sufrió algún tipo de violencia en el hogar o en la escuela, una cifra superior al promedio de América Latina y el Caribe. Entre los menores de tres y cuatro años, el panorama es todavía más grave: siete de cada diez fueron sometidos a métodos violentos de disciplina, incluyendo golpes, humillaciones y agresiones psicológicas.

La situación expone las enormes falencias estructurales del sistema de protección infantil dominicano y pone en la mira al gobierno de Abinader, que pese a sus reiterados discursos sobre modernización institucional y desarrollo social, no logró frenar el avance de la violencia intrafamiliar ni fortalecer los mecanismos de prevención y asistencia. Diversas organizaciones sociales denuncian que el problema sigue siendo abordado con medidas parciales y sin políticas integrales de contención.

El informe también remarca que la violencia contra niños y adolescentes en República Dominicana no constituye un fenómeno aislado, sino una práctica profundamente naturalizada dentro de muchos hogares. Especialistas advierten que las agresiones físicas y psicológicas suelen repetirse en distintos ámbitos de socialización y generan secuelas permanentes en la salud mental y emocional de las víctimas.

Entre 2018 y 2022 se registraron al menos 212 homicidios intencionales de menores en el país, mientras que miles de niños debieron ser derivados a hogares de protección estatal debido a situaciones de violencia extrema. Sin embargo, organizaciones vinculadas a la defensa de la niñez sostienen que las estadísticas oficiales apenas reflejan una parte del problema real, debido al subregistro y al temor de muchas familias a denunciar.

Las críticas al oficialismo también apuntan al deterioro de las condiciones sociales y económicas que atraviesan amplios sectores de la población dominicana. Para distintos especialistas, el aumento de la desigualdad, la precarización laboral y la falta de acceso a servicios básicos generan un caldo de cultivo que agrava los episodios de violencia doméstica y abandono infantil, mientras el Estado responde con recursos insuficientes.

En medio de la creciente conmoción pública, organismos internacionales insistieron en la necesidad de que el gobierno dominicano impulse reformas urgentes para fortalecer la protección integral de niños y adolescentes, ampliar la asistencia psicológica y reforzar los sistemas de denuncia y acompañamiento. No obstante, sectores opositores y organizaciones civiles advierten que, hasta ahora, la administración de Abinader parece más preocupada por sostener su imagen internacional que por enfrentar una tragedia social que golpea a miles de familias dominicanas todos los días.