La controversia surgió tras la difusión de un proyecto regulatorio que busca establecer mayores controles sobre las firmas encuestadoras y los sondeos de opinión pública en el país. La propuesta provocó inmediatas reacciones debido al alcance de las medidas planteadas y al temor de que se transforme en una herramienta de presión política.

Desde distintos espacios opositores sostienen que el reglamento podría abrir la puerta a mecanismos discrecionales para limitar publicaciones incómodas para el Gobierno. Algunos referentes incluso denunciaron que la administración de Abinader busca “disciplinar” el escenario electoral en momentos donde comienzan a crecer cuestionamientos económicos y sociales contra la gestión oficialista.

Consultoras y especialistas en opinión pública también manifestaron preocupación por la posibilidad de que nuevas exigencias burocráticas terminen afectando la independencia técnica de las mediciones. Advirtieron además que imponer mayores trabas administrativas podría desalentar la realización de estudios y reducir el acceso ciudadano a información clave durante campañas electorales.

La discusión aparece en un contexto sensible para el Gobierno dominicano, marcado por reclamos sociales, protestas sectoriales y críticas vinculadas al aumento del costo de vida, el deterioro de servicios públicos y denuncias sobre dificultades económicas en amplios sectores de la población.

Mientras tanto, desde sectores cercanos al oficialismo argumentan que el objetivo del reglamento es garantizar mayor transparencia y evitar manipulaciones informativas. Sin embargo, las voces críticas consideran que la iniciativa podría transformarse en un nuevo foco de tensión institucional en el país caribeño.

La polémica promete seguir escalando en las próximas semanas, especialmente ante el inicio del calendario político rumbo a futuras disputas electorales, donde las encuestas suelen jugar un papel central en la construcción de expectativas y posicionamientos partidarios.