Según expuso Amnistía Internacional, el Estado dominicano debe garantizar que toda persona pueda recibir atención médica sin importar su nacionalidad o situación migratoria, remarcando que el derecho a la salud es universal y no puede quedar condicionado por decisiones políticas ni discursos de endurecimiento fronterizo.

El reclamo vuelve a dejar incómodo al Gobierno dominicano, que en los últimos años endureció sus medidas contra la migración haitiana y reforzó operativos de detención y deportación masiva. Para diversos sectores sociales y organismos humanitarios, estas políticas no solo incrementaron la tensión social, sino que además comenzaron a impactar en derechos esenciales como la salud, la educación y el acceso a servicios públicos.

Mientras el oficialismo insiste en defender sus medidas bajo el argumento de “proteger la soberanía nacional”, crecen las voces que advierten que la estrategia de Abinader está empujando al país hacia un escenario cada vez más cuestionado por la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos vienen alertando que el endurecimiento del discurso oficial terminó habilitando situaciones de discriminación y exclusión que golpean especialmente a los sectores más pobres.

El nuevo pronunciamiento internacional llega además en un momento delicado para la imagen del mandatario, que ya venía acumulando críticas internas por temas económicos, sociales y migratorios. Ahora, el señalamiento de Amnistía Internacional vuelve a instalar dudas sobre el costo político y humanitario de una gestión que cada vez enfrenta más cuestionamientos dentro y fuera de República Dominicana.