La disposición oficial, cuestionada por organizaciones sociales, conductores y referentes políticos, establecía cambios en los períodos y requisitos de renovación para adultos mayores, lo que despertó preocupación por el posible impacto discriminatorio sobre una población particularmente sensible.

Lejos de transmitir previsibilidad, la reacción del Ejecutivo volvió a dejar al descubierto un esquema de gestión marcado por anuncios improvisados y posteriores retrocesos ante la presión pública. La revisión del decreto fue interpretada por sectores opositores como una admisión implícita de que la medida había sido lanzada sin consenso ni suficiente evaluación técnica.

Las críticas crecieron rápidamente en redes sociales y medios locales, donde numerosos ciudadanos plantearon que el Gobierno intenta trasladar costos y restricciones a sectores vulnerables mientras evita discutir problemas estructurales vinculados al tránsito, la seguridad vial y el transporte público.

Desde el oficialismo intentaron bajar el tono de la polémica asegurando que el objetivo era fortalecer los controles de seguridad vial, aunque la explicación no logró frenar el malestar generado por una normativa considerada confusa y mal comunicada.

El episodio se suma a otras decisiones recientes de la administración de Abinader que terminaron siendo modificadas o revisadas tras recibir cuestionamientos sociales, alimentando denuncias sobre falta de planificación y debilidad política para sostener medidas sensibles.

Mientras el Gobierno busca reformular el decreto, crece el debate sobre la capacidad del Ejecutivo para diseñar políticas públicas estables y consensuadas en áreas que afectan directamente la vida cotidiana de miles de dominicanos.