Durante entrevistas y consultas públicas realizadas este miércoles, numerosos ciudadanos expresaron su malestar con el acuerdo y apuntaron directamente contra Abinader por aceptar condiciones que consideran perjudiciales para el país.

“Este país no está preparado para recibir más problemas, bastante delincuencia hay ya”, expresó uno de los entrevistados, reflejando el clima de preocupación que comenzó a instalarse tras conocerse el contenido del entendimiento con Washington.

Otros ciudadanos fueron todavía más duros y señalaron que el presidente dominicano estaría “muy mal asesorado” al avanzar con una medida de estas características en medio de las dificultades sociales y económicas que atraviesa República Dominicana.

“Metió los pies en un solo zapato”, sostuvo otro de los consultados, en una crítica directa a la conducción política del Gobierno y a la falta de explicaciones públicas sobre el alcance real del acuerdo migratorio.

La posibilidad de recibir temporalmente a extranjeros deportados desde Estados Unidos abrió además interrogantes sobre los recursos del Estado dominicano para gestionar la situación y evitar posibles conflictos sociales.

Diversos sectores manifestaron temor ante el eventual impacto que podría tener la llegada de deportados sobre la seguridad, el empleo y los servicios públicos, especialmente en un contexto donde persisten reclamos vinculados al costo de vida, la inseguridad y la presión migratoria en distintas zonas del país.

Las críticas también apuntan a la falta de información oficial detallada sobre cómo funcionaría el mecanismo acordado con Estados Unidos, cuántas personas podrían ser trasladadas y bajo qué condiciones permanecerían temporalmente en territorio dominicano.

Aunque algunos ciudadanos defendieron la decisión presidencial y señalaron que Abinader “debe tener sus razones” para avanzar con el convenio, el malestar social comenzó a crecer rápidamente en redes sociales y sectores opositores, que ya exigen explicaciones más claras sobre el acuerdo.

Además, varios consultados recordaron que el Congreso Nacional tiene facultades para debatir, rechazar o revocar el convenio si considera que afecta los intereses del país.

El episodio suma un nuevo foco de tensión para la gestión de Abinader, que en los últimos meses ya enfrentó cuestionamientos por temas económicos, sociales y migratorios.

Ahora, el acuerdo con Estados Unidos amenaza con convertirse en otra fuente de desgaste político para un Gobierno acusado cada vez más frecuentemente de tomar decisiones sensibles sin consenso social ni suficiente transparencia pública.