Los magistrados denunciaron salarios insuficientes frente a la “alta responsabilidad y pesada carga laboral” que enfrentan diariamente, además de reclamar entornos de trabajo “seguros, humanos y dignos” en todas las jurisdicciones del país.

El conflicto también incluye fuertes cuestionamientos al actual sistema interno de ascensos y compensaciones. Los jueces calificaron el manual vigente como “injusto” y contrario a principios de equidad institucional, exigiendo mecanismos transparentes basados estrictamente en mérito y capacidad.

La protesta deja al descubierto una contradicción incómoda para la administración de Abinader: mientras el Gobierno intenta proyectar estabilidad institucional y crecimiento económico, sectores clave del aparato estatal denuncian precarización, saturación laboral y falta de reconocimiento profesional.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la sobrecarga de trabajo en tribunales y juzgados. Los convocantes reclamaron el nombramiento urgente de más jueces y personal de apoyo para evitar el colapso del sistema judicial y garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía.

La situación adquiere todavía mayor gravedad porque el conflicto surge pese al aumento presupuestario destinado al Poder Judicial para 2026. Según datos citados por medios dominicanos, más de 9.600 millones de pesos dominicanos fueron asignados a remuneraciones y contribuciones, aunque los magistrados aseguran que esos recursos no se tradujeron en mejoras reales para quienes administran justicia.

El paro también refleja un desgaste más amplio dentro del sector público dominicano. En los últimos meses, el gobierno de Luis Abinader enfrentó críticas por retrocesos en distintas iniciativas, conflictos sociales y crecientes cuestionamientos sobre la capacidad de gestión frente al aumento del costo de vida y las demandas salariales.

Aunque la Asociación de Jueces y Juezas de República Dominicana (ASOJURD) tomó distancia de la convocatoria y calificó la protesta como “irresponsable”, el malestar de fondo sigue presente y evidencia fracturas dentro del propio ámbito judicial.

El problema político para el oficialismo es que el conflicto golpea un área particularmente sensible: la Justicia. Que magistrados deban recurrir a una medida de fuerza para reclamar salarios y condiciones básicas deteriora la imagen de institucionalidad que el Gobierno intenta sostener.

Además, el paro amenaza con afectar el funcionamiento normal de tribunales y procesos judiciales, generando demoras y profundizando la percepción de crisis dentro del sistema.

Lejos de mostrar un escenario de estabilidad, el conflicto judicial se suma a otros frentes abiertos para Luis Abinader y alimenta la sensación de un gobierno cada vez más condicionado por reclamos sectoriales, tensiones internas y dificultades para sostener consensos duraderos.