Uno de los casos más recientes fue la suspensión del proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan. Luego de fuertes movilizaciones ambientales y rechazo social, el presidente terminó cediendo y frenó el avance de los estudios para una eventual explotación minera. La decisión dejó al Gobierno atrapado entre dos presiones: el rechazo ciudadano y las críticas del sector empresarial, que reclama seguridad jurídica y continuidad de inversiones.

La escena se repite en otros episodios clave. En 2024, Abinader retiró la propuesta de “modernización fiscal” tras una ola de rechazo social por el impacto que tendría sobre impuestos y costo de vida. En aquel momento, el mandatario intentó capitalizar políticamente el retroceso afirmando que “escuchar es un signo de fortaleza”.

Pero para sus críticos, el problema no es escuchar, sino lanzar proyectos sin medir previamente el impacto político y social. Esa percepción se consolidó también con el fallido aumento de tarifas eléctricas, el retiro del fideicomiso de Punta Catalina, la marcha atrás con la llamada “ley mordaza” sobre ciberseguridad y el abandono de la polémica fusión entre los ministerios de Educación y Educación Superior.

La lista incluye además el retiro del proyecto de Tasa Cero para importaciones, frenado por presión del sector agropecuario; la suspensión de obras que afectaban el Jardín Botánico de Santo Domingo; y una iniciativa vinculada a trata de personas que generó rechazo de sectores nacionalistas por cuestiones migratorias.

El problema político para Luis Abinader es que cada retroceso erosiona la imagen de conducción firme que intenta proyectar a través de espacios oficiales como “LA Semanal”, el formato de conferencias con el que busca instalar una narrativa de transparencia y cercanía.

Mientras el oficialismo sostiene que el presidente “escucha al pueblo”, la oposición interpreta el patrón como evidencia de falta de rumbo estratégico. El argumento gana fuerza porque varias de las iniciativas retiradas habían sido defendidas previamente por ministros y funcionarios como políticas centrales para el desarrollo del país.

Además, el desgaste ocurre en un contexto económico delicado, marcado por tensiones inflacionarias, presión sobre tarifas y creciente malestar social frente al costo de vida. En ese escenario, los constantes retrocesos no transmiten flexibilidad política, sino incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sostener decisiones.

El efecto acumulativo empieza a ser significativo: proyectos anunciados con fuerza terminan congelados, rectificados o directamente retirados tras pocas semanas de debate público. Y aunque Abinader intenta presentar cada marcha atrás como un gesto democrático, la reiteración comienza a instalar otra lectura más incómoda para el oficialismo: la de un gobierno que improvisa primero y corrige después.