La controversia escaló rápidamente luego de que el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, confirmara que el proyecto será enviado al Congreso a partir del 1 de julio. La propuesta busca reducir a la mitad los RD$1.620 millones asignados a las organizaciones políticas en el presupuesto nacional.

Desde la oposición denuncian que el Gobierno intenta instalar un “falso debate” sobre privilegios políticos mientras evita discutir medidas de fondo relacionadas con el gasto estatal, la inflación y el deterioro económico. Para dirigentes opositores, el recorte no solo debilita el sistema democrático, sino que además favorece indirectamente al partido gobernante, que dispone de mayores recursos y estructura estatal.

El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), que agrupa a 24 organizaciones, acudió incluso ante la Junta Central Electoral para reclamar que se respete el financiamiento establecido por ley. Los dirigentes advirtieron que una reducción drástica podría empujar a los partidos a depender de aportes privados y afectar la competencia democrática.

Las críticas también apuntan a la forma en que el gobierno de Luis Abinader viene gestionando la crisis económica. Mientras el Ejecutivo insiste en pedir “sacrificios”, distintos sectores cuestionan la falta de medidas más amplias para enfrentar el aumento del costo de vida y la incertidumbre derivada del contexto internacional.

El problema para el oficialismo es que la propuesta aparece en medio de un clima político cada vez más tenso, donde la oposición acusa al presidente de utilizar la austeridad como herramienta discursiva antes que como una política económica coherente. De hecho, varios dirigentes remarcaron que el recorte a los partidos representa apenas una porción mínima de los recursos que el propio Gobierno dice necesitar para enfrentar la crisis.

A esto se suma otro elemento sensible: la falta de consenso. Los partidos denunciaron que la medida no fue debidamente discutida ni socializada antes de su anuncio, profundizando la percepción de una gestión cada vez más unilateral.

Lejos de consolidar una imagen de liderazgo, la iniciativa terminó abriendo un nuevo frente político para Luis Abinader. Y en lugar de proyectar estabilidad, expone las crecientes dificultades del Gobierno para administrar el malestar económico sin entrar en conflicto con actores clave del sistema democrático.