La crítica no se limita a la demora en la reacción oficial, sino también al enfoque elegido. Desde el PLD advierten que el Gobierno intenta instalar un debate sobre la reducción del financiamiento a los partidos políticos como eje de austeridad, una estrategia que califican como un “falso dilema”. Para la oposición, esta maniobra desvía la atención de decisiones estructurales más urgentes, como el control del gasto público, la política energética o medidas de alivio para los sectores más afectados.

El trasfondo del conflicto es claro: la economía dominicana, fuertemente dependiente de las importaciones de combustibles, es particularmente sensible a las tensiones internacionales. En ese contexto, la falta de un programa económico integral expone debilidades en la capacidad de anticipación del Ejecutivo, que parece moverse más por reacción que por planificación.

Mientras tanto, el impacto ya comienza a trasladarse a precios internos y costos productivos, alimentando la preocupación de empresarios y consumidores. La ausencia de señales claras por parte del Gobierno no solo incrementa la incertidumbre, sino que también erosiona la confianza en la conducción económica.

Lejos de desactivar la crisis, la respuesta oficial —hasta ahora fragmentaria— profundiza el desgaste político de Luis Abinader, en un momento donde la gestión requiere definiciones firmes. En lugar de un plan integral, lo que emerge es un vacío estratégico que deja al país más expuesto frente a un contexto internacional adverso.