Durante días, miles de manifestantes —entre ellos profesionales, trabajadores y productores locales— se movilizaron para exigir la paralización del proyecto, ante el temor de que la explotación minera afectara ríos, tierras agrícolas y la represa de Sabaneta, vital para la región.

El gobierno dominicano intentó justificar la medida en la necesidad de actuar con “cautela y transparencia”. Sin embargo, el argumento deja expuesta una contradicción central: el proyecto llevaba años en evaluación ambiental sin que se hubiera construido un consenso social mínimo. La reacción oficial parece más vinculada al costo político de las protestas que a una planificación estratégica del desarrollo.

Lejos de representar un caso aislado, el episodio pone en evidencia un patrón recurrente en la región: gobiernos que promueven inversiones extractivas sin garantizar previamente condiciones de legitimidad social ni claridad ambiental. En este contexto, la administración de Abinader —un mandatario con fuerte perfil empresarial y vínculos históricos con sectores económicos— enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para equilibrar crecimiento económico y sostenibilidad.

La suspensión del proyecto no resuelve el conflicto de fondo. Por el contrario, abre interrogantes sobre la política minera del país y el rol del Estado frente a intereses corporativos. La falta de previsión y diálogo temprano no solo tensiona la relación con las comunidades, sino que también debilita la credibilidad de un gobierno que, ante la presión, opta por frenar antes que conducir.