Las críticas no son menores: el dirigente Francisco Javier García aseguró que una parte de la sociedad se ve obligada a recurrir al llamado “ayuno intermitente”, no por elección sino por la imposibilidad de acceder a alimentos básicos. Según planteó, el encarecimiento sostenido de la canasta básica está dejando a familias enteras sin capacidad para cubrir sus necesidades más elementales.

El diagnóstico opositor es contundente: lejos de los discursos oficiales, la realidad cotidiana estaría marcada por el estrés económico, la incertidumbre y la pérdida del poder adquisitivo. En ese sentido, García describió un escenario donde “muchas familias no logran cubrir su presupuesto mensual”, en un contexto de suba constante de precios de alimentos.

Pero el cuestionamiento va más allá del plano económico. Desde el PLD también apuntan a un deterioro general de los servicios públicos, incluyendo salud, educación, sistema eléctrico y emergencias, sectores que —según afirman— funcionaban mejor en administraciones anteriores.

Estas críticas se inscriben en un clima político más amplio, donde distintos sectores opositores coinciden en señalar una brecha entre el relato oficial y la realidad social. Incluso otras fuerzas han advertido que el gobierno de Abinader presenta un panorama “desconectado” de lo que viven millones de ciudadanos, con indicadores económicos que no reflejan el impacto directo en los hogares.

El trasfondo de estas denuncias revela un problema estructural: aunque el gobierno intenta sostener una narrativa de estabilidad, los datos sobre inflación, costo de vida y endeudamiento han alimentado las críticas. Analistas y opositores cuestionan que el crecimiento económico no se traduzca en mejoras concretas para la población, mientras la deuda pública y los precios siguen en aumento.

En este contexto, la figura de Abinader queda cada vez más asociada a una gestión que, según sus detractores, no logra dar respuesta a las demandas básicas. La oposición ya proyecta este escenario hacia el futuro político: advierte que, de no revertirse la situación, el malestar social podría convertirse en un factor decisivo de cara a las próximas elecciones.

Así, el relato oficial de crecimiento convive con una percepción social de retroceso, configurando una tensión que pone en cuestión el rumbo económico y político de la República Dominicana.