Según denunció Amnistía Internacional, la legislación mantiene la penalización absoluta del aborto, incluso en casos extremos como violación, incesto o riesgo para la vida de la mujer. La organización calificó esta decisión como una muestra de “violencia institucional e injusticia de género”, responsabilizando directamente al Ejecutivo por avalar un marco legal que pone en riesgo la salud y la dignidad de mujeres y niñas.

La crítica no es menor: República Dominicana sigue siendo uno de los pocos países del mundo con prohibición total del aborto, una política que, según datos citados por la propia organización, tiene consecuencias concretas. Se estima que al menos el 10% de las muertes maternas en el país están relacionadas con abortos inseguros, en un contexto donde la clandestinidad se vuelve la única alternativa para miles de mujeres.

Lejos de corregir esta situación, el nuevo Código Penal —promulgado en agosto de 2025— profundiza las críticas al ignorar años de reclamos de la sociedad civil y organismos internacionales.

Pero el problema no se limita al aborto. El informe advierte sobre múltiples retrocesos: desde una tipificación deficiente de la violencia sexual hasta la prescripción de delitos contra mujeres adultas y la falta de sanciones frente a la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Para especialistas, estas omisiones no son casuales. Responden a una estructura legal que perpetúa desigualdades y refuerza una mirada conservadora sobre el rol de las mujeres en la sociedad. “Reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos”, advirtió la organización.

En este contexto, la gestión de Abinader queda en el centro de la escena: no solo por la firma del Código, sino por lo que distintos sectores interpretan como una falta de voluntad política para avanzar en derechos básicos. La promesa de modernización del sistema penal termina así opacada por una legislación que, en lugar de ampliar libertades, consolida restricciones.

Amnistía Internacional instó al gobierno y al Congreso a revisar la norma antes de su entrada en vigor en 2026, con el objetivo de alinearla con estándares internacionales de derechos humanos.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Lo que está en juego no es solo una reforma legal, sino el lugar que ocupan los derechos de las mujeres en la agenda política dominicana. Y, por ahora, el saldo parece inclinarse hacia el retroceso.