La querella, interpuesta por Johanny Villamán Espino, subdirectora de la misma institución, fue presentada ante la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional, con pedido explícito de investigación y eventual sanción penal.

Pero más allá de la gravedad del hecho, lo que vuelve a generar indignación es el patrón que parece repetirse: funcionarios de alto rango señalados por conductas graves y una respuesta institucional que, como mínimo, resulta tibia.

Un problema que se acumula

No se trata de un episodio aislado. El propio caso fue presentado públicamente como “otro funcionario” sometido a la justicia, lo que evidencia una preocupante recurrencia dentro del aparato estatal.

La reiteración de denuncias de acoso y violencia de género en estructuras gubernamentales plantea un interrogante incómodo: ¿qué tipo de controles internos existen —si es que existen— para prevenir estos abusos de poder?

En un contexto donde las víctimas denuncian desde posiciones de subordinación jerárquica, el problema adquiere una dimensión aún más grave: no solo se trata de delitos potenciales, sino también de relaciones de poder desiguales dentro del propio Estado.

El silencio que incomoda

La falta de reacción oficial agrava la situación. Hasta el momento, ni el funcionario acusado ha dado explicaciones públicas ni se conocen medidas administrativas inmediatas en su contra.

Pero el dato más llamativo es el silencio de Milagros Ortiz Bosch, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, organismo que debería velar justamente por este tipo de situaciones.

En cualquier administración que pretenda mostrarse comprometida con la transparencia, la ética pública no puede ser selectiva ni reactiva. La ausencia de pronunciamientos, lejos de ser neutral, termina funcionando como una forma de encubrimiento político.

Un costo político creciente

El Gobierno de Luis Abinader ha construido buena parte de su discurso sobre la base de la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, episodios como este erosionan ese relato y exponen contradicciones entre el discurso oficial y la práctica real.

Cuando los casos se repiten y las respuestas no llegan, el problema deja de ser individual y pasa a ser sistémico. La falta de sanciones claras, de apartamientos preventivos o incluso de explicaciones públicas alimenta la percepción de impunidad dentro del Estado.

Más que un caso judicial, una crisis de credibilidad

La justicia deberá determinar responsabilidades penales, pero la dimensión política ya está en juego. Cada denuncia sin respuesta efectiva no solo afecta a las víctimas, sino que también golpea la credibilidad institucional.

En un escenario donde la violencia de género es una problemática estructural en América Latina, la tolerancia —explícita o implícita— desde el poder político resulta especialmente grave.

El Gobierno dominicano enfrenta así una prueba clave: demostrar que la ética pública no es un eslogan, sino una práctica concreta. Porque cuando el silencio se vuelve norma, la impunidad deja de ser sospecha para convertirse en sistema.