La historia reciente no ayuda. Experiencias previas de “pactos nacionales”, como el eléctrico o el de seguridad vial, terminaron traduciéndose en aumentos de tarifas, multas o mayores cargas para la población, bajo el argumento de reformas estructurales necesarias. En ese contexto, el escepticismo no es casual: cuando el Gobierno habla de consensos, muchos leen ajuste.

El mecanismo tampoco es nuevo. El Ejecutivo recurre al Consejo Económico y Social de la República Dominicana como ámbito institucional para canalizar estos acuerdos, un espacio que históricamente ha servido para legitimar decisiones ya encaminadas más que para discutirlas de fondo .

Mientras tanto, las críticas crecen. Voces opositoras y analistas advierten que sumar a todos los actores al acuerdo no necesariamente implica mayor transparencia, sino una estrategia para diluir responsabilidades cuando lleguen las medidas impopulares. “Que nadie quede afuera” podría traducirse, en la práctica, en que nadie pueda despegarse después.

El punto más sensible es el bolsillo. En un escenario de incertidumbre económica, inflación latente y presión sobre el gasto público, el temor es que el pacto funcione como antesala de reformas fiscales, reducción de subsidios o incrementos tarifarios. Es decir, un combo conocido: ajuste con aval político transversal.

Así, lo que se presenta como un gesto de apertura democrática empieza a leerse como una jugada de supervivencia política. Porque si el costo lo pagan todos, el desgaste también se reparte. Y en tiempos de turbulencia, para el Gobierno de Abinader, eso puede valer más que cualquier consenso real.