Otro caso que ha levantado cejas es el de Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel, exdirectora del Acuario Nacional, quien recibió una pensión mensual de RD$90,000 a través del decreto 45-26. García fue destituida por denuncias de nepotismo e irregularidades en el manejo de recursos públicos. El hecho de que se le otorgue una pensión tan elevada, a pesar de estos señalamientos, ha causado indignación en diversos sectores.

Estas decisiones contrastan fuertemente con las declaraciones públicas del presidente Abinader, quien recientemente expresó su decepción y sentimiento de traición por actos de corrupción cometidos por personas cercanas a su gobierno. Abinader ha manifestado su deseo de que los culpables sean encarcelados y devuelvan lo robado.

Analistas y la opinión pública han expresado su preocupación ante lo que consideran un patrón de uso discrecional de decretos presidenciales para otorgar beneficios económicos a individuos con trayectorias cuestionables. Se critica especialmente la percepción de "premio" a tránsfugas políticos y la compensación a exfuncionarios destituidos por irregularidades.

En un país que enfrenta presiones económicas e inflación, estas decisiones socavan la confianza ciudadana y alimentan el escepticismo sobre la verdadera aplicación de la lucha anticorrupción. La falta de explicaciones detalladas por parte de la Presidencia sobre los méritos que justifican estas pensiones "especiales" solo contribuye a aumentar la incertidumbre.

Mientras el presidente Abinader reitera su decepción por las traiciones, los decretos de pensiones millonarias generan más preguntas que respuestas, poniendo en duda la coherencia entre el discurso y la acción del gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.