Desde la oposición afirman que podría llevar a un "exceso de poder" por parte de los organismos estatales -en manos del PRM actualmente- para controlar el financiamiento.

Por su parte, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, fue el encargado de presentar el proyecto, destacando la necesidad de establecer estándares más rigurosos de transparencia, debida diligencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones políticas.

Según Paliza, la política debe responder con firmeza a los riesgos que representan las estructuras criminales para la democracia.

El proyecto de ley introduce varios mecanismos clave:

• Programas de cumplimiento normativo (compliance partidario): Para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
• Procedimientos de debida diligencia: Para verificar el origen de los fondos que reciben los partidos, con mecanismos de trazabilidad para identificar a los aportantes y prevenir el uso de recursos ilícitos.
• Nuevos requisitos de integridad para candidatos: Incluyen certificaciones de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje y autorizaciones para la verificación de la información presentada.
• Fortalecimiento de la supervisión de la JCE: Se amplían las facultades de la Junta Central Electoral (JCE) sobre el financiamiento de los partidos y se establece un régimen de consecuencias por incumplimiento.

Paliza recordó que esta propuesta cumple con el compromiso que hizo en su mensaje al país el 24 de noviembre de 2025, de impulsar reformas que fortalezcan la integridad del sistema democrático.