El presidente Abinader ha manifestado que su gobierno toma estas acusaciones con seriedad, subrayando la necesidad de una investigación rigurosa antes de tomar cualquier medida drástica. Destacó que no se puede destituir a un funcionario basándose únicamente en acusaciones, sino que es imprescindible agotar todas las investigaciones correspondientes. No obstante, Abinader advirtió que, de comprobarse faltas éticas o acciones más graves, se actuará de acuerdo con la ley y los casos serán remitidos al Ministerio Público para su debido procesamiento.

La situación ha suscitado la atención de diversas organizaciones civiles y actores políticos, quienes han instado a las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio de Administración Pública (MAP) y a la Junta Central Electoral (JCE), a investigar posibles violaciones a las leyes electorales y al Código Penal relacionadas con el uso de recursos públicos para fines políticos.

Hecmilio Galván permanece en su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones. El caso ha abierto un debate público sobre la transparencia y el manejo adecuado de los recursos en las instituciones estatales. La investigación en curso buscará determinar la veracidad de las acusaciones y garantizar que se tomen las medidas apropiadas en caso de que se confirmen irregularidades.