El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la administración del PRM ha convertido la inversión pública en una sucesión de anuncios sin sustento real. Para el año 2025, el Ejecutivo presupuestó RD$207,751 millones en gasto de capital, una cifra que apenas representa el 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel considerado claramente insuficiente para atender los déficits acumulados en infraestructura, agua potable, transporte, salud y educación.

Pero el problema no se limita al bajo presupuesto. De acuerdo con los datos oficiales citados por el PLD, al cierre del ejercicio fiscal el propio Gobierno reconoció que solo ejecutó RD$194,768 millones, equivalentes al 2,4% del PIB, dejando sin utilizar RD$12,983 millones. Para la Secretaría de Obras Públicas del partido opositor, esto desnuda una falla más profunda: no se trata de escasez de recursos, sino de incapacidad de gestión, falta de planificación y una alarmante ineficiencia administrativa.

“La inversión pública no ha sido una prioridad real para esta administración”, sostuvieron los dirigentes del PLD, quienes señalaron que miles de millones quedaron inmovilizados mientras comunidades enteras reclaman obras urgentes y servicios básicos de calidad.

Lejos de corregir el rumbo, el Gobierno de Abinader insiste en la misma lógica. Para 2026, el presupuesto proyecta RD$215,285 millones en gasto de capital, apenas un 2,5% del PIB, lo que para la oposición confirma la ausencia de una visión clara de desarrollo y la continuidad de una política que posterga las soluciones de fondo.

Las consecuencias están a la vista: obras largamente anunciadas que no se terminan o que ni siquiera se inician. El Metro de Los Alcarrizos, el Monorriel de Santiago, la solución vial del kilómetro 9, la Circunvalación de San Francisco de Macorís y la entrada de Samaná figuran entre los proyectos emblemáticos que permanecen inconclusos, alimentando el descreimiento social y el desgaste político del oficialismo.

Ante este panorama, el PLD exigió elevar progresivamente el gasto de capital hasta un mínimo del 4% del PIB y establecer por ley un piso obligatorio de inversión pública. Además, propuso un plan nacional de infraestructura con prioridades definidas y un sistema público de monitoreo de obras que permita a la ciudadanía acceder a información actualizada sobre avances físicos, financieros y responsables de cada proyecto.

“La República Dominicana no necesita más improvisación ni promesas incumplidas”, advirtieron. El mensaje interpela de lleno a Luis Abinader, cuya gestión, a cinco años de iniciada, sigue siendo cuestionada por la distancia entre los discursos de eficiencia y los resultados concretos en materia de desarrollo e infraestructura.