El señalamiento no es menor. La Constitución dominicana, reformada en 2015 y nuevamente en 2024, establece un esquema de reelección limitada que fue presentado por el propio Abinader como un “candado” contra los intentos de perpetuación presidencial que marcaron negativamente la historia política del país.

Incluso, el jefe de Estado había prometido públicamente no impulsar cambios constitucionales con fines personalistas. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo movimiento en ese sentido vuelve a poner en duda la coherencia entre su discurso institucionalista y su práctica política.

El rol de la Asamblea Nacional Revisora resulta central en este escenario. Este órgano tiene la potestad de modificar la Constitución y, actualmente, responde en gran medida al oficialismo. El Partido Revolucionario Moderno y sus aliados mantienen el control del Congreso, lo que le otorga al presidente una posición de fuerza para impulsar eventuales reformas.

Para sectores críticos, esta concentración de poder debilita los contrapesos democráticos y revive viejos fantasmas de la política dominicana, históricamente atravesada por liderazgos prolongados y reformas a medida.

Más allá de la viabilidad legal de una nueva reelección, el factor decisivo será la reacción social. Organizaciones civiles, sectores académicos y la oposición política ya comenzaron a expresar preocupación ante cualquier intento de modificar las reglas de juego para beneficio del poder de turno.

La pregunta que empieza a resonar en el debate público es clara: ¿se trata de una maniobra aislada o del primer paso hacia un proyecto de continuidad indefinida? La respuesta, como tantas veces en la región, dependerá de cuán firmes estén la ciudadanía y las instituciones a la hora de poner límites.