Sin embargo, el mensaje presidencial no logró apagar el fuego interno. Meses más tarde, las máximas autoridades del PRM —José Ignacio Paliza y Carolina Mejía— se vieron obligadas a pedir “paciencia” y a prometer mecanismos para incorporar a los compañeros “de acuerdo a su capacidad”. Las explicaciones, lejos de resolver el conflicto, terminaron evidenciando la falta de una política clara para contener a las bases.

El caso del histórico dirigente Ramón Alburquerque expuso crudamente esa fractura. Su rechazo público a una designación en la Egehid por no ajustarse a lo “acordado” dejó al desnudo negociaciones fallidas y compromisos incumplidos. A más de cuatro años del inicio de la gestión, Alburquerque sigue fuera del Gobierno, convertido en un símbolo del desencanto interno.

La defensa oficial siempre fue la misma: Abinader gobierna para todos los dominicanos y no solo para su partido. Así lo reiteraron funcionarios como Lisandro Macarrulla y el propio Presidente, quien justificó la designación de figuras provenientes del opositor PLD —como Magín Díaz o Luis René Canaán Rojas— apelando a la “capacidad” antes que a la pertenencia partidaria. El problema es que, para amplios sectores del PRM, esa apertura convive con un trato áspero hacia quienes militaron y sostuvieron el proyecto oficialista.

Las tensiones se profundizaron con las recientes reestructuraciones del gabinete, presentadas por Abinader como el inicio de una “nueva etapa”. Lejos de generar consenso, los cambios provocaron fuertes críticas internas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, denunció una “persecución” contra dirigentes de base, mientras que el expresidente Hipólito Mejía cuestionó abiertamente la práctica de llegar a una institución y “barrer con todo” para colocar a los propios.

El conflicto alcanzó uno de sus puntos más álgidos con la denuncia del exministro de Educación, Roberto Fulcar, quien habló de una “implacable cacería” contra funcionarios perremeístas tras su salida del cargo. Cancelaciones masivas, degradaciones, reducciones salariales y humillaciones fueron parte del cuadro que describió en una carta que sacudió al oficialismo y expuso el costo humano y político de las disputas internas.

Incluso en el Congreso, las quejas se hicieron sentir. Diputados oficialistas denunciaron despidos de dirigentes que habían llegado al Estado de la mano del propio Abinader, mientras otros, con ironía y resignación, reconocieron que “cada uno llora por su herida”, reflejando un clima de fragmentación difícil de disimular.

Con Abinader camino a asumir la presidencia del PRM, el descontento de las bases deja de ser un murmullo para convertirse en un desafío central. El Presidente enfrenta así una paradoja: mientras reivindica una gestión despojada del clientelismo, su propio partido le reclama coherencia, reconocimiento y participación. La pregunta que sobrevuela es si el equilibrio entre institucionalidad y lealtad partidaria llegará a tiempo o si el malestar interno seguirá erosionando el capital político del oficialismo desde adentro.