Empezó con el pie izquierdo: el nuevo ministro de Justicia reconoce debilidades en la Defensa del Estado
En su reciente juramentación, el nuevo ministro de Justicia de la República Dominicana, Antoliano Peralta, ha puesto de relieve una problemática persistente que afecta al Estado: las debilidades históricas en su defensa durante procesos judiciales. El ministro señaló que una de las prioridades de su gestión será fortalecer la capacidad del Estado para defenderse eficazmente ante los tribunales.
Peralta fue enfático al declarar que la falta de una defensa organizada ha tenido un costo significativo para el país. "El Estado dominicano ha sido históricamente desangrado con una serie de demandas, en algunas ocasiones inicuas, en las que los demandantes obtienen ganancia de causa porque el Estado no tiene una defensoría organizada", afirmó. Esta situación, según el ministro, ha llevado a la pérdida de casos y a un detrimento económico para el Estado.
Para abordar este problema, el Ministerio de Justicia coordinará la defensa del Estado a través de la Oficina de Defensa de la Administración Pública. Se espera que esta oficina juegue un papel crucial en la centralización y el fortalecimiento de la representación legal del Estado en los tribunales.
Además de la defensa del Estado, el ministro Peralta destacó otras funciones clave del Ministerio de Justicia. Entre ellas, mencionó la administración del sistema penitenciario, que históricamente había estado bajo la responsabilidad del Ministerio Público, hasta la promulgación de la ley 80-25. También resaltó la importancia del ministerio en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en el cumplimiento de los compromisos internacionales de la República Dominicana en esta materia.
La declaración del nuevo ministro representa un reconocimiento de los desafíos existentes y un compromiso para fortalecer la defensa del Estado dominicano en el ámbito judicial. El tiempo dirá si las medidas propuestas lograrán mitigar las debilidades históricas identificadas y asegurar una representación legal más eficaz para el Estado en el futuro.
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