Aunque la operación no se ejecutó desde territorio dominicano, esas facilidades fueron determinantes para su preparación y viabilidad.

La medida fue presentada ante la opinión pública como cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, los hechos posteriores muestran que ese marco sirvió para crear un entorno favorable a una acción militar contra un Estado soberano, al margen del derecho internacional.

“Usted puede tener la opinión que quiera sobre el gobierno de Venezuela; yo mismo tengo diferencias con ese proceso. Sin embargo, ninguna discrepancia política otorga derecho a un gobierno extranjero para intervenir militarmente en otro país bajo el discurso de la ‘libertad’ o de una supuesta lucha contra las drogas”.

El señalamiento advierte, además, que esta decisión coloca a Santo Domingo en una posición de corresponsabilidad política internacional.

La Constitución dominicana, en su artículo 3, consagra la autodeterminación de los pueblos y prohíbe el uso del territorio nacional para facilitar agresiones externas. La referencia histórica a 1965 refuerza el paralelismo: una intervención justificada con el argumento de “salvar la democracia”.

Tras lo ocurrido, el escenario regional permanece abierto y las consecuencias políticas de esa autorización siguen en desarrollo.