En contraste con la desaparición de las criticadas cajas navideñas hace cuatro años, este año presenciamos una apropiación de la época navideña por parte de otras instituciones políticas. Escenas de caos, con golpes y empujones en la búsqueda de estas cajas para asegurar la cena, fueron reportadas.

Para agravar la situación, numerosos funcionarios y altos dirigentes se vieron obligados a adquirir bonos en papel de empresas privadas para cumplir con las expectativas y las necesidades de la población.

La pregunta que surge es: ¿Cómo es posible que, a pesar de la oportuna asignación de los bonos por parte del Presidente, estos no hayan llegado a quienes más los necesitaban?

Otras preguntas importantes incluyen: ¿Se tomarán en cuenta las quejas de los dirigentes del Partido con respecto a la distribución de los bonos? ¿Quiénes son los funcionarios responsables de la entrega de estos recursos?

Después de cuatro años de entregas exitosas de los Bonos Navideños, este año 2025 parece marcar un posible declive en su efectividad.

La polémica en torno a la distribución de los bonos ha llegado incluso al Poder Ejecutivo, motivando la intervención de la Primera Dama, Raquel Arbaje. Esto ha generado cuestionamientos sobre la coordinación y el control en la entrega de ayudas sociales.

En medio de las críticas y la confusión entre los beneficiarios, Aneudy De León, candidato a la Secretaría General del PRM y dirigente comunitario, denunció públicamente que desde el Plan Social se ignoran sus solicitudes para la asignación de bonos, mientras que, según afirma, se facilitan a diputados, senadores, empresarios e incluso comunicadores.

Ante esta situación, una investigación a fondo se presenta como una necesidad imperante para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y asegurar que los recursos destinados a los más necesitados lleguen a su destino de manera transparente y eficiente en el futuro.