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Escándalo

Vínculos sucios: el principal acusado por la corrupción en SENASA tuvo un rol clave en las campañas de Abinader

Santiago Hazim está acusado por el Ministerio Público de encabezar un entramado que habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Estado.

Si algo resultó decisivo en los dos triunfos electorales de Luis Abinader fue el respaldo de una constelación de partidos aliados y movimientos paralelos que ampliaron la base política del oficialismo. Uno de esos espacios, presentado durante años como un activo estratégico de campaña, hoy reaparece en el centro de una investigación judicial por corrupción a gran escala.

Se trata del denominado Sector Externo oLA, sigla que funcionaba como seudónimo de Organización Luis Abinader. Su coordinador nacional, Santiago Hazim, está acusado por el Ministerio Público de encabezar un entramado que habría desviado más de 15 mil millones de pesos del Estado durante su gestión como director del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Hazim no fue un actor secundario. Durante las campañas de 2020 y 2024 promovió activamente la figura de Abinader, organizó actos proselitistas dentro y fuera del país y respaldó a dirigentes que luego pasaron a integrar el esquema de poder del PRM. El propio movimiento se autodefinía como “poderoso” y utilizó consignas como “La oLA del triunfo”, “oLA está en la calle” y “El cambio sigue”.

Su peso también se reflejó en el financiamiento político. En 2020, Hazim aportó 8,2 millones de pesos a la campaña presidencial, convirtiéndose en uno de los principales donantes individuales del oficialismo. Incluso el propio Abinader incorporó el juego de palabras a su discurso: “Hay una ola a favor del PRM y su candidato”, dijo durante una caravana en Dajabón.

Ya en el poder, el presidente lo premió con la conducción de Senasa. Cinco años después, en agosto de 2025, lo destituyó en medio de denuncias por el fuerte déficit financiero dejado en la institución. Hoy, Hazim es el eje de la llamada Operación Cobra, que el Ministerio Público calificó como la investigación por corrupción “más grave” en la historia del país.

El expediente de más de 500 páginas menciona en reiteradas ocasiones al Sector Externo oLA y describe un esquema que no solo buscó enriquecimiento personal, sino también beneficiar económicamente a personas vinculadas a ese movimiento político. Una de las principales herramientas habría sido el programa Nutrisalud, canalizado a través de la empresa Flavorheart Food Parts, que recibió contratos millonarios pese a no contar con los permisos necesarios.

Según la investigación, programas supuestamente destinados a mejorar la nutrición de sectores vulnerables fueron utilizados para inflar prestaciones, ampliar artificialmente el padrón de beneficiarios y desviar recursos hacia proveedores ligados al entorno político de Hazim. Solo Flavorheart habría cobrado más de RD$1.600 millones, incluyendo pagos sin régimen ni concepto claramente definido.

El expediente también detalla vínculos personales y financieros: la gerente de la empresa, Heidi Mariela Pineda, está casada con Manuel Enrique Ovalle Tapia, identificado como miembro activo y financista del Sector Externo oLA. En menos de cinco meses, Ovalle Tapia habría recibido al menos 65 millones de pesos provenientes de Flavorheart. Parte de esos fondos, sostiene la acusación, se usaron para pagar sobornos, incluida la compra de un reloj Rolex Daytona valuado en más de 80 mil dólares, presuntamente entregado a Hazim.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, fue categórico: “Es el caso más siniestro y cruel, sobre todo porque afecta algo tan esencial como la salud”. Abinader, por su parte, reiteró que no tolerará prácticas corruptas y afirmó que una investigación ordenada por su gobierno confirmó “fuertes indicios de actos graves de corrupción”.

Sin embargo, el caso Senasa deja una pregunta incómoda para el oficialismo: hasta qué punto los engranajes que sostuvieron el poder político también facilitaron el saqueo del Estado. El Sector Externo oLA, presentado como símbolo del “cambio”, hoy aparece retratado en los tribunales como una de las tramas donde política, negocios y fondos públicos se cruzaron sin controles.

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