Durante La Semanal con la Prensa, Abinader fue consultado por el impacto internacional del caso, que ha derivado en críticas de organismos y medios extranjeros que señalan un patrón de discriminación sistémica hacia la población haitiana. El presidente respondió con el libreto habitual: negar la existencia de racismo y apelar al “mestizaje” dominicano como prueba irrefutable de tolerancia.

“Este no es un país racista. Este es un país mestizo en más de un 85%, y aquí nunca ha habido esa situación”, aseguró con contundencia. Las palabras del mandatario, sin embargo, chocan frontalmente con la realidad que vive la población haitiana y dominico-haitiana, sometida desde hace años a políticas migratorias restrictivas, operativos masivos de detención, deportaciones exprés y discursos oficiales que refuerzan estigmas.

Mientras Abinader insiste en que se trata de “una tragedia que debe investigarse”, intenta blindar la imagen del Gobierno y del país ante un hecho que ha generado conmoción nacional e indignación por el trato dispensado a la menor y a su familia. Lo que evita mencionar es el contexto: un clima político en el que la narrativa oficial responsabiliza a los haitianos de prácticamente todos los males sociales, un tono que su propia administración ha promovido para justificar medidas cada vez más duras en la frontera y en los barrios populares.

El presidente sostuvo que el Ministerio Público debe actuar “independientemente del color de piel o nacionalidad”, pero sus declaraciones suenan más a defensa institucional que a reflexión profunda sobre un problema social que trasciende el caso particular de Stephora. Insistir en que “aquí nunca ha habido racismo” resulta, como mínimo, un ejercicio de negación histórica.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno se esfuerza por desacreditar cualquier intento de vincular esta tragedia con discriminación estructural. Sin embargo, la distancia entre el discurso presidencial y las políticas aplicadas en los últimos años —desde redadas indiscriminadas hasta deportaciones de mujeres embarazadas haitianas— expone una contradicción imposible de disimular.

En su intento por “aclarar”, Abinader vuelve a oscurecer: niega el racismo mientras profundiza un clima que, lejos de ser inclusivo, coloca a la población haitiana en una situación de vulnerabilidad extrema. La tragedia de Stephora no solo exige justicia; también obliga a mirar de frente un problema que el Gobierno insiste en esconder bajo la alfombra del mestizaje.