Fiscales cuestionados y una Procuraduría sin cambios de fondo

A pesar de que Abinader llegó al poder bajo la bandera de la regeneración institucional, las críticas apuntan a que la Procuraduría General —donde continúa la estructura heredada— nunca fue “saneada”. Los mismos fiscales cuestionados por supuestamente fabricar expedientes, señalan los denunciantes, permanecen en funciones y ahora ostentan incluso mayor jerarquía. En este marco, la Procuraduría General de la República Dominicana aparece otra vez en el centro de la tormenta, sin mostrar avances reales en la depuración prometida.

Lo mismo ocurre con Senasa, señalado reiteradamente como un organismo que “sigue sin someterse” a controles efectivos pese a las promesas de reforma administrativa.

El caso Jean Alain: un proceso que se extiende sin definición

El exprocurador Jean Alain Rodríguez —acusado en el sonado caso Medusa— continúa en un limbo judicial que, según especialistas en derecho penal, resulta incompatible con el principio de debido proceso. “En derecho, debería o estar condenado o casi suelto”, fue la crítica textual reproducida por dirigentes del propio oficialismo, que ven en la prolongación indefinida del proceso una señal más del mal funcionamiento del sistema de justicia.

Denuncian interferencia del Ejecutivo en el Congreso

El señalamiento más grave proviene de la acusación de que la actual procuradora —funcionaria designada por el Poder Ejecutivo— estaría interviniendo en la elaboración del nuevo Código Procesal Penal, atribución que corresponde exclusivamente al Congreso de la República Dominicana, un poder independiente por mandato constitucional.

Para Cedeño, esta supuesta injerencia representa una violación directa al principio republicano y una amenaza al equilibrio de poderes. Que la denuncia provenga de un legislador del propio oficialismo expone la magnitud de la crisis.

Un sistema judicial “podrido” y una impunidad histórica

La crítica se extiende a la falta de resultados en los casos de corrupción de gobiernos anteriores. Según el diputado, más de 100 mil millones de pesos robados apenas han derivado en recuperaciones mínimas, mientras muchos de los implicados ya se encuentran en libertad o con medidas laxas. Para el ala crítica del oficialismo, esto demuestra que la tan anunciada lucha contra la corrupción se ha quedado en consignas mientras la estructura judicial permanece intacta.

Un Estado democrático en riesgo

Las denuncias confluyen en una misma idea: que el Estado democrático dominicano está siendo erosionado por la convivencia entre impunidad, falta de transparencia y presuntas interferencias políticas en el Poder Judicial y el Legislativo. Para un gobierno que construyó su legitimidad sobre la promesa de institucionalidad, estas acusaciones representan un golpe que ya no proviene solo de la oposición, sino de su propia base política.

La pregunta que crece en el escenario dominicano es si Abinader tomará medidas reales para frenar esta deriva o si el país seguirá profundizando una crisis institucional que, según voces internas, está “terminando de destruir la República”.